Hace unos días tuvimos noticia de que, lamentablemente, Balears fue el año pasado la segunda comunidad autónoma (solo por detrás de Valencia y dejando al margen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) con mayor índice de condenas en relación a su población.
Concretamente y según fuentes periodísticas, un total de 8,7 sentencias condenatorias por cada mil habitantes mayores de 18 años. El dato es sensible si lo contraponemos con la comunidad más pacífica, Castilla La Mancha, que ostenta un 5,5.
Como apunte, en Baleares fueron condenadas un total de 8.239 personas mayores de 18 años, de los cuales, 2.566 fueron extranjeros y 5.673 españoles.
Así pues y como sostenemos habitualmente, ante la potencial litigiosidad que nos rodea, entendemos crucial el hecho de tomar consciencia de lo relevante que puede llegar a ser contar con un/a “abogad@ de cabecera” al que poder recurrir cuando se avecina tormenta.
