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El Ministerio de Justicia y su incumplimiento de la constitución: noticia y reflexión

Buenos días:

Un domingo de febrero, movido por la curiosidad que me despertó la noticia de que el Defensor del Pueblo había informado de la demora en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Palma, acudí a su Web (información). A partir de su lectura, surgieron esta noticia y esta reflexión.

Primero, la noticia.

El informe hace referencia a un ciudadano que presentó su demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma el día 20 abril 2023 y el juicio le fue señalado para el día 21 abril 2026. Es decir, exactamente para al cabo de tres años y un día, como si de una sentencia penal se tratara.

El informe contiene información muy ilustrativa:

El propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo informa de que estas situaciones no son aisladas sino que se repiten, tanto en ese Juzgado como en los otros dos Juzgados de la misma clase existentes en Palma, pues están desbordados por una excesiva carga de trabajo.

Se hace alusión a la reciente decisión de crear el Juzgado número 4, si bien ni existe un lugar para ubicarlo, ni tiene fecha de constitución, ni tiene fecha de entrada en funcionamiento. En definitiva, estamos ante algo así como un misterio ontológico: El Juzgado ha sido creado, pero no existe ¡átenme ustedes esa mosca por el rabo!

El Defensor del Pueblo nos informa de que la carga de trabajo en 2021 y 2022 fue del 175 % sobre el módulo teórico y, en el primer trimestre de 2023, esa carga fue del 221 %. En definitiva, a 31 marzo 2023 había 1.557 asuntos pendientes de resolver.

Cada uno de los tres juzgados contaba con un juez sustituto de refuerzo, pero no es suficiente, por lo que, además del referido Juzgado número 4, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto la creación del Juzgado número 5 ¡Esperemos que, si se crea, además exista, pues se ve que son cosas diferentes!

El Defensor del Pueblo es escéptico sobre la solución del problema pues dice que si la entrada en funcionamiento del Juzgado número 4 (creado, pero inexistente) se plantea en forma alternativa a los actuales refuerzos de los Juzgados (que también se muestran insuficientes), de nada va a servir ese nuevo Juzgado.

Y ahora la opinión, desde la experiencia.

Como profesional de la Justicia -abogado en ejercicio para más señas- pienso que ese hombre que presentó su queja al Defensor … ¡ha tenido suerte!

Mi afirmación es incontestable desde el punto de vista objetivo-matemático:

Puedo afirmar que, en defensa de los derechos de un cliente del despacho, presenté una demanda en diciembre de 2023 y el juicio ha sido señalado para febrero de 2027.

Dicho de otro modo, si a ese ciudadano le señalaron el juicio para -exactamente- tres años y un día a contar desde la fecha de su demanda, resulta que ahora los señalamientos se hacen para tres años y dos meses. Es pues palmario que la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando.

Y es que recuerdo que, como profesional, lo primero que se me vino a la cabeza en el momento de llamar a mi cliente para comunicarle el señalamiento del juicio para el año 2027 fue algo así como “espero que no padezca del corazón”.

Someto a su consideración algunas reflexiones:

La primera es que, sólo en Palma, tenemos 24 Juzgados de Primera Instancia (son los que resuelven asuntos civiles entre particulares), o 12 Juzgados de Instrucción y 8 de lo Penal, que suman 20 (son los que resuelven sobre los posibles delitos de los ciudadanos). Sin embargo, en todo Illes Balears (ojo, ahora no hablo de Palma sino de toda la Comunidad Autónoma de Illes Balears) sólo hay 3 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, todos ellos centralizados en Palma.

La segunda es que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo tienen como finalidad juzgar la labor de la Administración. Por tanto ¿qué interés real van a tener las administraciones en agilizar su trabajo para que los ciudadanos puedan actuar contra la Administración?

La tercera, sobre el famoso principio “solve et repete” (es decir, frente a la Administración, presentar un recurso no te exime de pagar). Traducido: mientras el pleito se va cubriendo de polvo en un Juzgado, la Administración de momento, ya ha cobrado.

La cuarta, más concreta, es que, en aplicación de ese principio, mi cliente tuvo que abonar cerca de dieciocho mil euros en concepto de sanciones -pues su “asunto” versa sobre las tristemente famosas -digamos- “denuncias de circulación del Ayuntamiento mal notificadas por la empresa que había contratado”. Por tanto, el Ayuntamiento ya sabe que, pese a la evidencia de la barrabasada, no tendrá que devolver el dinero, al menos, hasta 2027.

La quinta, muy directa ¿podemos considerar justicia que un ciudadano de Formentera tenga que acudir a un Juzgado de Palma para recurrir una simple sanción de tráfico?

En fin, acabo con una vuelta al título:

Si según el primer párrafo del artículo 24 de nuestra Constitución establece como principio fundamental que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”;

Y el segundo párrafo de ese mismo artículo 24 establece que “… todos tienen derecho … a un proceso público sin dilaciones indebidas …”

Resulta que las violaciones de nuestra querida Carta Magna son perpetradas por el propio Ministerio de Justicia, que no dota a los Juzgados de los medios para cumplir su labor. Claro está que, a su vez, con el presupuesto que tiene tal Ministerio, eso sería obrar el milagro de los panes y los peces … así estamos.

Melsion Ramis. Abogado especializado en Derecho Mercantil y Socio Director de Ramis abogados.

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