El pasado martes me sobresaltó ver el nombre de Zaplana en las portadas de prensa. Empecé a leer la noticia para ver qué había ocurrido y resulta que le habían condenado por el “Caso Erial”.
Como no recuerdo de qué se trataba caso, continué leyendo y resultó que es el nombre con el que se denominó a la investigación relativa a las adjudicaciones de parques eólicos y las revisiones de las ITV … ¡en 1997! o, lo que es lo mismo, hace 27 años.
El mismo día leo que un Juzgado ha rechazado que se devuelvan los impuestos en el caso “Can Domenge”. Recuerdo que los hechos que se juzgaron en el asunto datan del año … ¡2005! o, lo que es lo mismo, hace 19 años, motivo suficiente para que ya me abstenga de entrar en la noticia ni me interese por ver a qué impuestos se refiere la noticia. La dejo pasar de largo.
De forma casi simultánea me entero de que ha quedado visto para sentencia el juicio relativo algo ocurrido en “Sa Nostra”, que ha quedado visto para Sentencia en relación a unos hechos del año … ¡2008! o, lo que es lo mismo, hace 16 años. No recuerdo ya de qué se trataba en ese asunto ni me interesa.
Les puedo decir que, vistos los tribunales que han sentenciado esos casos, en todos ellos cabe -y por tanto seguramente habrá- recurso, es decir, “continuará”. O, dicho de otro modo, estos asuntos tardarán aún algunos años más en ser cerrados.
Y con estos antecedentes me giro hacia nuestro propio despacho y recuerdo que hace cuatro años (desde 2020) que nos pegamos con una muy simple ejecución hipotecaria derivada de un incumplimiento de una obligación de pago entre empresas. No ha habido ningún suceso extraordinario, no ha habido cuestiones a debatir, simplemente es el sistema.
Y luego pienso en que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, absolutamente desbordados de trabajo, ya están señalado la celebración de los juicios para el año … ¡2027!
No es la primera vez que hago referencia especial a la situación que viven los Juzgados de lo Contencioso de esta Comunitat de les Illes Balears, que cuenta únicamente con tres de tales juzgados para toda la Comunitat Autónoma.
Un ejemplo ilustrará lo que digo: si usted vive en Formentera y le sancionan por algo tan sencillo como aparcar mal su vehículo y no está conforme con la resolución de la administración, uno de esos tres juzgados (ojo, en Palma, no en Formentera ni en Eivissa) va a tener que asumir el asunto … y ese es el mismo juzgado que asumirá prácticamente cualquier decisión urbanística que tome cualquier ayuntamiento de todas las Illes Balears, con independencia de la cuantía del asunto, que puede ser -ya lo sabemos- multimillonario o, incluso, al margen de eso, tener un enorme calado en el urbanismo de la población.
Cuando reflexiono sobre todo esto no puedo más que empatizar con la mayoría de los jueces que tenemos, pues siguen haciendo su trabajo cuando sería más lógico salir corriendo sin mirar atrás.
Y, claro, que empatizar con los jueces es empatizar también con mi trabajo y mis compañeros de profesión que, al fin y al cabo, estamos también en ese mismo trabajo con los jueces.
Y, sobre todo y por encima de cualquier otro sujeto, empatizo con los clientes que, al final, son los “justiciables”, en román paladín, los que sufren la situación.
Es un chascarrillo común entre los operadores jurídicos que “la Justicia es un gasto y no da votos” y por eso siempre ha sido la hermana pobre de las administraciones, pero ha llegado un punto en que creo que la situación se ha salido madre.
Así pues, Sres. Zapatero, Rajoy, Sánchez (como pueden ver, son apellidos inventados, al azar) ¿hasta cuándo?
Hechas estas reflexiones, vuelvo al tema del inicio:
La media aritmética de la demora de la sentencia de los tres casos que he citado al principio es de VEINTE AÑOS (y, para que no se olvide, reitero que contra todas ellas cabe recurso).
Por tanto -ahora que está de moda- si aplicamos el Big Data al caso Ábalos (en este caso soy muy torpe y diría más bien una simple regla de tres de las de toda la vida), ya sabemos que la primera sentencia -susceptible de recurso- sobre el caso Ábalos será dictada probablemente en el año 2044.
Y acabo: teniendo en cuenta que, hoy, la esperanza de vida para los varones en España es de 79 años, todos aquellos que, a día de hoy, sean de sexo masculino tengan 59 o más años ya no tienen porqué seguir leyendo ni una sola noticia sobre el caso porque (no lo digo yo, lo dice el “algoritmo”) pueden confiar en que se quedarán sin saber cómo acaba la historia. Por cierto, cuando escribo este artículo D. José Luís Ábalos tiene 65 años. Ustedes mismos, que tengan un muy buen día.
Socio director. Melsion Ramis.
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